La renuncia se da en medio de la polémica por la compra irregular de un terreno por 9.800 millones de pesos, que en la práctica, no costaba más de 4 mil millones.

La mañana de este sábado, Lucía Pinto Ramírez oficializó su renuncia al cargo de Intendenta de la región de Coquimbo.

A través de un comunicado, enviado por el equipo de prensa del Gobierno Regional, la delegada de Piñera en la Región, detalló los motivos. «En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera».

«Por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera», indica Lucía en el escrito.

 En la oportunidad además, agradeció la confianza del Presidente. «Agradezco especialmente al Presidente Sebastián Piñera por su permanente apoyo y confianza, pero muy especialmente por el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos, así como a todas las personas que me han entregado innumerables muestras de confianza y cariño, ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región».

Papaya-gate

El jueves en la madrugada biobiochile.cl reveló antecedentes, sobre el inicio de una investigación, desde la Fiscalía Nacional, por la compra irregular de un terrero, por 9.800 millones de pesos. Su tasación -informa el medio- no superaba los 4 mil millones.

El Gobierno Regional, sin ningún motivo, usó la compra de trato directa, un mecanismo aplicable a compras por montos muy inferiores a los ya mencionados. Y eso no era todo: se saltó además las observaciones de la Contraloría, que el pasado 3 de septiembre, presentó los antecedentes al Ministerio Público, para iniciar una investigación penal.

La Contraloría descubrió además que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, indica el Medio.

El monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, que habían sido requeridas formalmente por la Contraloría.

“Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República, cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos es de extrema gravedad. Por ese motivo, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas por este hecho” informó la Contraloría.