El Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva de 22 personas acusadas de tráfico de drogas, rechazando los cargos de lavado de activos y asociación ilícita, y estableciendo una caución de $2.000.000 para cada imputado.

El Juzgado de Garantía de Ovalle dejó hoy –jueves 29 de agosto– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a 22 imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Ilícitos perpetrados desde 2019, en la comuna.

En la audiencia de formalización, el magistrado Luis Muñoz Caamaño no dio a lugar a la necesidad de cautela por peligro para la seguridad de la sociedad solicitada por la fiscalía, y decretó la prisión preventiva por peligro de fuga, por lo que fijó la eventual caución (fianza) en $2.000.000 a cada imputado, tras rechazar la apelación verbal del persecutor. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

Al resolver, el magistrado Muñoz Caamaño sostuvo que: “En cuanto al tráfico está claro que concurre, hay plantaciones, cultivos, varios de los verbos rectores que tipifican el clásico ilícito de drogas, pero en cuanto a los otros delitos no se han presentado antecedentes suficientes que den cuenta del lavado de activos, que consiste precisamente –y por eso se llama lavado– en blanquear el dinero; es decir, establecer una actividad supuestamente lícita de donde provengan los dineros de los cuales se les puede atribuir esa ganancia, que de otro modo no pueden ser explicadas más que por la providencia de un ilícito. En este caso, el Ministerio Público señala como fundamento de este blanqueamiento de dinero la adquisición de bienes, lo cual no es fundamento para dar por acreditado que se esté lavando dinero; la adquisición de bienes corresponde a utilizar los dineros, pero no hay ahí un blanqueamiento”.

“Por lo tanto, debe descartarse el lavado de dinero como la asociación para el lavado del dinero, estamos simplemente frente –a juicio de este juez– a un delito de tráfico en el cual participan distintas personas”, añadió.

“Tampoco –prosigue– se ha justificado suficientemente que exista una organización, que existan mandos, brazos operativos, soldados. La verdad que de eso no hay nada, ni siquiera hay brazos operativos o armados, como para suponer que hay una gran organización destinada a traficar, destinada a proteger a los traficantes con este tipo de alcances. En suma, como digo, se reafirma que hay una agrupación, pero sin organización o por lo menos una organización precaria es la que se expone aquí”.

“De manera que, atendida la alta pena que tiene el delito de tráfico es posible decretar la prisión preventiva. Se va a decretar esta medida cautelar, pero con la posibilidad de caucionar la comparecencia, para todos los imputados y se va a fijar una fianza de dos millones de pesos por cada uno”, concluyó.

Según el ente persecutor, desde julio de 2019, los imputados conformaron una organización criminal con asiento en la comuna de Ovalle, pero con operaciones por diversas comunas del país, en especial de la región de Coquimbo, con el objetivo de cultivar, procesar y traficar marihuana; además de poseer y almacenar armas de fuego y municiones. Para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido con el tráfico ilícito de droga, la organización adquirió diversos bienes.

La organización contaba con una estructura jerarquizada, con células dependientes y con roles definidos.

El 8, 9 y 10 de abril de 2024, en la localidad de Mantos de Hornillos, comuna de Ovalle, la policía incautó un total de 1.663 kilos de marihuana, lográndose el lunes recién pasado la detención de los 22 imputados; incautando en poder de dos de ellos armas de fuego y municiones y de par, municiones y fuegos artificiales.