Publicado enero 13, 2021
Publicado por Nota Roja

Provincia de Choapa

Salamanquino acusado de doble homicidio en Huara será internado en Unidad de Psiquiatría

El Juez de Garantía ordenó un informe siquiátrico para determinar la imputabilidad o inimputabilidad del acusado. La víctima es Ariana Bravo Aracena, de 39 años, y el hijo de ambos de 4 años de edad. Además habría agredido a una persona adulta y a un niño de tan solo dos años de edad, al que le provocó la pérdida de dos piezas dentales.

Hoy -miércoles 13 de enero- se determinó la suspensión del procedimiento, que previamente había solicitado la Fiscalía del Tamarugal, en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, para formalizar la investigación en contra de A.E.V.B. de 34 años de edad, sujeto nacido en Salamanca, en julio de 1986.

El acusado, es sindicado como responsable del femicidio de su conviviente Ariana Maritza Bravo Aracena de 39 años de edad, el parricidio del hijo de ambos de 4 años, las lesiones leves a la víctima de iniciales L.F.M. de 50 años de edad, y el homicidio frustrado de un menor de 2 años. Además, la Fiscalía le atribuye responsabilidad por el delito de posesión de arma de fuego sin autorización.

El detenido, es el único sospechoso por la muerte de Ariana Maritza Bravo Aracena, de 39 años de edad, mujer oriunda de Illapel, y el hijo de ambos, de 4 años de edad. Una hija, de dos años de edad resultó ilesa.

De acuerdo a los antecedentes presentados por la Fiscalía durante la audiencia, el día sábado 9 de enero, el sujeto, de iniciales A.E.V.B. de 34 años, atacó a su conviviente, Ariana Maritza Bravo Aracena de 29 años, con el uso de elementos contundentes.

Minutos más tarde, le habría disparado con un rifle, al hijo de ambos, en su tórax, ”ocasionándole la muerte a raíz un traumatismo toracoabdominal complicado, secundario a una agresión con arma de fuego”, informó el fiscal Javier Gutiérrez Figueroa.

Luego de esto, el acusado dejó este rifle a 100 metros del lugar en que había dado muerte a las víctimas y aproximadamente a las 10 de la mañana, del día siguiente -10 de enero del año 2021- tomó a su hija de 2 años de edad, y la entregó a una persona del poblado de Sibaya, ”indicándole que había matado a su mujer y a su hijo”, aseguró en su relato el Fiscal.

Luego, el acusado caminó en dirección a su domicilio, encontrándose con un hombre de iniciales L.F.M., de 50 años de edad, que estaba acompañado por sus dos hijos, uno de 17 años y otro de 2 años. El acusado agredió al sujeto y al menor de 2 años de edad, “con claras intenciones de darle muerte, propinándole golpes en su rostro y otras partes de su cuerpo”, detalla el Fiscal. El acusado habría expresado la intención de matarlos. Producto de estos hechos, L.F.M. resultó con lesiones de carácter leve. En tanto, A.M.F.M. de dos años de edad, resultó policontuso con traumatismo facial, bucal y la pérdida de dos piezas dentales. De acuerdo a la Fiscalía, de no haber sido auxiliado por adultos, el menor habría muerto debido a la desproporcionalidad de fuerza. Por lo mismo, se le acusa por el delito de homicidio en grado frustrado.

Defensoría de la Niñez: Actuó sin ninguna posibilidad de defensa de parte de las víctimas

La Defensoría de la Niñez, único querellante hasta ahora en la causa, estableció como agravante la nula posibilidad de defensa de las víctimas menores. La Defensora de la Niñez Patricia Muñoz señaló en la audiencia “esto revela la comisión de los delitos más graves que contempla nuestra legislación penal, y delitos que han sido cometidos además en contra de niños pequeños de 4 y de 2 años de edad, que nosotros consideramos además absolutamente alevosa por parte del detenido, quien, actuando sin ninguna posibilidad de defensa de parte de las víctimas, en el primer caso le quita la vida a su hijo de 4 años, y en el otro, si no es por la intervención de su padre y su hermano, también estaríamos lamentando lo irreparable que resulta la pérdida de la vida de un niño en este país”.

Defensoría Penal Pública asegura que podrían estar frente a un posible brote de esquizofrenia

El acusado fue entrevistado por un sicólogo de la Defensoría Penal Pública, a quien le habría descrito los hechos de la causa. De acuerdo a su defensa, el imputado habría sufrido un delirio de persecución, e incluso tenía antecedentes previos, pues en el año 2016, había sufrido una crisis en que desconocía tiempo y espacio, debiendo ser internado en el Hospital de Salamanca, para su recuperación. De hecho, la Defensoría presentó la ficha clínica, elaborado por el Hospital de Salamanca, cuando debió ser estabilizado por siquiatría.

Los hechos, asegura la Defensa, se habrían desarrollado en medio de una sicosis secundaria, con pensamientos que habrían afectado su percepción de la realidad. El acusado aseguró haber recibido “instrucciones del diablo”. Su defensor aseguró que podrían estar frente a un posible brote de esquizofrenia. Por lo mismo, la Defensa solicitó un informe siquiátrico para evaluar los antecedentes. Por ahora, la Defensa solicitó la suspensión del procedimiento y ordene la internación del detenido, a la Unidad de Psiquiatría Forense Transitoria de Arica, para evaluar la posible imputabilidad del acusado.

La solicitud fue negada por la Fiscalía, pues se tratarían de acciones desarrolladas con absoluta conciencia, “que dan cuenta de procesos cognitivos y racionales”, asegura el Fiscal. Indica que los antecedentes presentados por el Defensor “no da cuenta de antecedentes serios y suficientes”, para acceder a la solicitud. La Defensoría de la Niñez se sumó a la negativa de la Fiscalía. “El mismo informe que presenta la Defensoría Penal Pública, en uno de los test aplicado por uno de los facultativos, señala que no habrían indicios de sicopatía” aseguró la abogada querellante.

El Juez accedió a la solicitud de la Defensoría, y decretó la suspensión del procedimiento. Además, accedió a la internación provisoria del detenido a la Unidad de Psiquiatría Forense Transitoria del Penal de Arica, dependiente del Servicio Médico Legal, y ordenó un informe siquiátrico para determinar la imputabilidad o inimputabilidad del acusado.